El saldo de víctimas ha aumentado progresivamente desde que comenzó la operación el pasado 29 de octubre, superando incluso el infame Massacre do Carandiru de 1992, donde murieron 111 personas. Residentes locales y organizaciones de derechos humanos han calificado el evento como una «masacre patrocinada por el Estado», denunciando el uso excesivo de fuerza, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la incursión.

El presidente de Brasil expresó su «horror» ante la magnitud de la violencia, mientras que las autoridades policiales defienden la operación como un golpe necesario contra el crimen organizado, argumentando que la mayoría de los fallecidos eran miembros armados de la pandilla. Sin embargo, testigos oculares relatan una narrativa diferente: balaceras indiscriminadas, allanamientos sin orden judicial y civiles atrapados en el fuego cruzado. «Fue una carnicería», dijo un residente anónimo de la favela de Penha a reporteros locales, describiendo escenas de caos con helicópteros y tanques blindados irrumpiendo en las comunidades.

Las familias de las víctimas han comenzado a enterrar a sus seres queridos en medio de un luto colectivo que ha conmocionado a la ciudad. Funerales masivos se han llevado a cabo en las últimas horas, con protestas pacíficas exigiendo justicia y una investigación independiente. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado enérgicamente la redada, llamando a una revisión inmediata de las tácticas policiales en las favelas y advirtiendo sobre el riesgo de una escalada en la violencia urbana.

Esta no es la primera vez que Río enfrenta controversias por operaciones policiales letales; en 2021, la redada en Jacarezinho dejó 28 muertos, pero la escala actual marca un nuevo y sombrío récord. Expertos en seguridad pública debaten si estas megaoperaciones realmente debilitan al crimen organizado o, por el contrario, generan más resentimiento y reclutamiento para las pandillas. Mientras tanto, la policía reporta la incautación de armas, drogas y vehículos durante la acción, aunque no se han proporcionado detalles precisos sobre bajas entre los agentes.

La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los eventos, con llamados a la ONU para monitorear la situación. Por ahora, Río de Janeiro permanece en alerta, con las favelas en duelo y un debate nacional sobre el costo humano de la guerra contra las drogas.